Por Ricardo López Santana
Bogotá amanecía nublada aquel miércoles 6 de noviembre de 1985. En la Plaza de Bolívar, el movimiento cotidiano del centro de la capital transcurría entre vendedores ambulantes, transeúntes y funcionarios que ingresaban al majestuoso edificio del Palacio de Justicia. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, el país entero sería testigo de uno de los episodios más trágicos y dolorosos de su historia moderna.
A las once y treinta de la mañana, un comando del Movimiento 19 de Abril (M-19) irrumpió violentamente en el Palacio. Armados y decididos, los insurgentes tomaron rehenes entre magistrados, empleados y visitantes. En cuestión de minutos, los pasillos de mármol se convirtieron en trincheras y el eco solemne de la justicia se transformó en un estallido de disparos, gritos y confusión.
Mientras tanto, en las calles adyacentes, la tensión crecía. Tanques del Ejército cercaron el edificio y unidades especiales comenzaron la operación de retoma. El cielo se llenó de humo y el estruendo de las ráfagas de ametralladora se confundía con el de las explosiones. El fuego se extendió rápidamente por los pisos superiores del Palacio, y con él, se consumieron documentos, archivos judiciales y cientos de vidas atrapadas en medio del caos.
Durante casi 28 horas, el centro de Bogotá fue escenario de un enfrentamiento desmedido entre la fuerza insurgente y el poder del Estado. Cuando finalmente las llamas se apagaron, lo que quedó fue una montaña de escombros, silencio y desolación. El balance oficial reveló una tragedia de proporciones inimaginables: más de un centenar de muertos, 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia asesinados, y decenas de desaparecidos cuyos cuerpos aún no han sido plenamente identificados.
Pero más allá de los muros calcinados, quedaron también las heridas invisibles. Las familias de los desaparecidos iniciaron una búsqueda que se extendió por décadas, enfrentando la indiferencia, el miedo y la impunidad. Los sobrevivientes relatan todavía el olor del humo, los gritos en los pasillos y la incertidumbre que los acompañó durante las largas horas del asedio.
Cuarenta años después, el Palacio fue reconstruido, pero las cicatrices permanecen. En cada aniversario, las víctimas y sus familiares se reúnen frente al nuevo edificio para exigir verdad y justicia, recordando que la memoria no se borra con el tiempo. Aquel mármol reluciente que hoy adorna el nuevo Palacio es también un espejo de lo que fuimos: un país dividido, estremecido por la violencia, donde el fuego se llevó no solo vidas, sino también la fe en las instituciones.
Las madres aún miran al cielo con la esperanza de encontrar respuestas. Los hijos, que entonces eran niños, hoy adultos, siguen buscando los restos de sus padres, y los nombres de los desaparecidos siguen resonando como una deuda que no ha sido saldada. En cada historia hay una ausencia, una silla vacía, una voz que el país no ha querido escuchar.
La Toma y Retoma del Palacio de Justicia dejó mucho más que daños materiales: dejó una herida abierta en la conciencia nacional. Aquella tragedia quebró la confianza entre el Estado y su pueblo, y mostró que cuando la violencia entra en el recinto de la justicia, se apaga la luz que guía la verdad.
Hoy, cuatro décadas después, el país sigue mirando hacia ese mismo lugar, no solo para recordar, sino para entender. Porque mientras haya madres que sigan esperando a sus hijos, mientras haya familias que no puedan cerrar su duelo, y mientras la justicia siga debatiéndose entre el silencio y la memoria, la Toma del Palacio de Justicia seguirá siendo una herida viva, un eco que nos recuerda que sin verdad y sin humanidad, no hay futuro posible.
Colombia carga todavía con ese dolor. Pero en medio de la tristeza, permanece la esperanza de que algún día el fuego que consumió el Palacio sea reemplazado por otra llama: la del perdón, la del reconocimiento y la de una justicia que, por fin, logre abrazar a sus víctimas.
Ricardo López Santana para Emisora Nueva Época
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