Bajo la estrategia#LaCARactúa, la entidad implementó un rediseño que incluyó la creación de la Subdirección de Autoridad Ambiental, una unidad estratégica para robustecer la capacidad técnica y jurídica, garantizando un seguimiento normativo más ágil.
Bryan Martínez, subdirector del área, señaló que su misión es actuar como garante del manejo equitativo y racional de los recursos naturales.
Durante el año, la gestión administrativa alcanzó hitos significativos al emitir más de 5.000 decisiones de fondo sobre trámites de permisos, procesos sancionatorios y exoneraciones. Este volumen permitió atender con mayor rigor las solicitudes de personas naturales y jurídicas.
Paralelamente, la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), en colaboración con la Fuerza Pública, lideró más de 70 operativos de alto impacto contra actividades ilícitas que amenazan el patrimonio ambiental.
Vigilancia del agua y gestión de residuos: ejes técnicos prioritarios
El compromiso técnico se reflejó en la protección del recurso hídrico, con la elaboración de unos 4.000 informes técnicos para verificar el cumplimiento de normativas de calidad y uso eficiente por parte de industrias y servicios públicos.
Además, la corporación definió nuevas metodologías para compensaciones ambientales, obligando a los ejecutores de proyectos a resarcir de manera efectiva los impactos que no se pudieron mitigar.
En materia de planificación, la autoridad ambiental analizó más de 200 evaluaciones técnicas para licencias ambientales en diversos sectores.
El control de la contaminación fue prioritario, con seguimiento detallado a más de 100 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y cerca de 600 planes para residuos peligrosos.
Con estas acciones, la CAR busca utilizar la innovación y los recursos tecnológicos para asegurar un desarrollo sostenible en su jurisdicción.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el marco de sus 65 años de gestión territorial, ejecutó un contundente operativo en la zona rural del municipio de Madrid para frenar un foco de deterioro ambiental generado por una empresa minera.
La intervención, que contó con el apoyo de la Policía Nacional y diversas direcciones técnicas de la entidad, resultó en la imposición de una medida preventiva de suspensión inmediata de actividades debido al incumplimiento sistemático de las normativas vigentes.
El equipo interdisciplinario, compuesto por las direcciones de Modelamiento Ambiental y Técnica Operativa, constató que la empresa operaba en contravía del Plan de Manejo y Recuperación Ambiental que le fue otorgado originalmente en 1997.
Los hallazgos más críticos incluyen la disposición irregular de escombros (residuos de construcción y demolición – RCD) y la realización de vertimientos de aguas no domésticas directamente sobre el suelo, careciendo de los permisos legales necesarios para tal fin.
Adicionalmente, se identificó la afectación directa de 31 árboles de la especie eucalipto dentro del predio intervenido, lo que constituye una infracción ambiental adicional.
Interceptación en tiempo real y muestreo técnico
Según Lina Camila Cortés Acosta, Directora Regional Sabana Occidente, la medida no solo detiene la extracción de materiales de construcción, sino que clausura el predio para la recepción y disposición de cualquier tipo de residuo sólido.
Un momento clave de la diligencia ocurrió cuando los funcionarios de la CAR avistaron el ingreso de dos vehículos tipo volqueta cargados con material que pretendía ser dispuesto sobre el suelo de forma irregular.
El personal de la Dirección Técnica Científica procedió a realizar una toma de muestras de la carga para determinar su composición y el impacto potencial en el ecosistema, reforzando la evidencia técnica de la infracción.
Llamado a la comunidad y próximos pasos sancionatorios
La CAR reiteró que estas acciones responden a denuncias presentadas por la comunidad, subrayando la importancia de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos naturales.
La entidad recordó a la ciudadanía que la gestión de residuos de construcción debe realizarse exclusivamente a través de gestores autorizados y avalados por la corporación para evitar daños irreversibles en el agua, el suelo y la flora de la región.
«Identificamos un aprovechamiento que no cuenta con permiso y vertimientos generados por toda esta actividad», enfatizó la directora Cortés para justificar la urgencia de la medida.
La empresa sancionada deberá ahora enfrentar procesos administrativos que podrían derivar en sanciones mayores, mientras la suspensión se mantenga vigente hasta que se subsanen los hallazgos técnicos.
La lucha contra el tráfico de fauna silvestre anotó un nuevo éxito en Soacha mediante un trabajo articulado entre el Grupo de Protección Ambiental de la Policía Metropolitana y la CAR Cundinamarca.
El operativo, realizado en el barrio San Mateo, permitió la recuperación de dos ejemplares de Turpial, aves que se encontraban en condiciones de cautiverio ilegal y fuera de su entorno natural. Esta acción refuerza el compromiso institucional con la preservación de la vida silvestre y la biodiversidad en el municipio.
Tras el rescate, los turpiales fueron puestos bajo custodia técnica para recibir la atención veterinaria y biológica necesaria. El proceso de rehabilitación es fundamental para asegurar que las aves recuperen sus instintos naturales antes de ser liberadas nuevamente en su hábitat.
Las autoridades explicaron que el cautiverio prolongado suele afectar la capacidad de vuelo y de búsqueda de alimento de estas especies, por lo que el retorno a la libertad debe ser supervisado y gradual.
Campaña de concientización y llamado a la denuncia ciudadana
Protección animal en Soacha: Operativo conjunto rescata aves víctimas del tráfico ilegal
La CAR y la Policía lanzaron un llamado vehemente a la comunidad bajo la campaña «¡La fauna silvestre se respeta!». Se instó a los ciudadanos a no ser cómplices de este delito, recordando que la compra y tenencia de animales silvestres como mascotas es una práctica ilegal que alimenta redes de tráfico y causa daños irreparables a los ecosistemas locales.
«No compres animales silvestres, no los mantengas en cautiverio», es el mensaje central de las autoridades para sensibilizar a los habitantes de Soacha.
Finalmente, se recordó la importancia de la denuncia ciudadana para identificar puntos de venta o tenencia ilegal de fauna. La colaboración entre los vecinos y las entidades ambientales es considerada la herramienta más efectiva para proteger los recursos naturales del municipio y garantizar que especies como el turpial puedan seguir cumpliendo su función ecológica en libertad.
Con este operativo, Soacha envía un mensaje claro de tolerancia cero frente al maltrato y la explotación de la fauna nativa.
En un hito para la gestión ambiental y la salud pública en Colombia, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha implementado un sistema de monitoreo especializado para detectar bacterias resistentes a los antibióticos en el río Sumapaz.
Esta iniciativa, que se desarrolla específicamente en el municipio de Fusagasugá, marca un precedente histórico al ser la primera vez que una entidad territorial en el país adelanta un seguimiento sistemático de este tipo en fuentes hídricas naturales.
Posicionando a la región como un referente nacional en la aplicación de ciencia de vanguardia para la protección de los ecosistemas y la salud de las comunidades.
Un protocolo global para un problema local: el enfoque «Una Salud»
El proyecto se fundamenta en el “Protocolo Triciclo”, diseñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El nombre de este protocolo no es casual; responde a un enfoque de salud integrada que abarca de manera holística tres ejes fundamentales: el humano, el animal y el ambiental.
Esta visión integral, conocida como «Una Salud», reconoce que la resistencia bacteriana ha dejado de ser un problema confinado exclusivamente a los hospitales o entornos médicos, transformándose en un reto ambiental crítico que conecta la contaminación con la salud pública.
Según la CAR, el agua contaminada actúa como el nexo principal donde convergen los desechos de las actividades humanas, los residuos de la producción agrícola y pecuaria, y los frágiles ecosistemas, facilitando el intercambio genético de las bacterias y la propagación acelerada de su resistencia a los fármacos.
El río como reservorio de resistencia: un riesgo invisible
Carlos Gutiérrez, subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR, ha sido enfático en explicar la dinámica de este fenómeno.
La descarga constante de antibióticos, metabolitos farmacéuticos y otros residuos químicos en ríos y quebradas no solo altera la biodiversidad de manera profunda, sino que crea un ambiente de selección constante donde solo las bacterias capaces de resistir estos compuestos sobreviven y se multiplican con ventaja.
De este modo, los cuerpos de agua se transforman en verdaderos reservorios y vectores de diseminación de resistencia bacteriana, lo que representa un riesgo latente y creciente para las comunidades que dependen del río para actividades de riego, recreación o incluso consumo indirecto, comprometiendo la eficacia de los tratamientos médicos futuros.
Innovación para la protección hídrica: de los datos a la acción
A la fecha, el equipo técnico de la CAR ha ejecutado seis jornadas detalladas de monitoreo en cuatro puntos estratégicos localizados en la cuenca media del río Sumapaz, seleccionados por su representatividad frente a posibles fuentes de contaminación.
Estas muestras, recolectadas bajo estrictos protocolos, se encuentran actualmente en laboratorios especializados para identificar con precisión qué tipos de bacterias están presentes y a qué antibióticos específicos son resistentes.
El proceso ya cuenta con un 60% de ejecución, entrando ahora en una fase crucial de consolidación, análisis estadístico y revisión de información que servirá de base científica para la toma de decisiones administrativas y sanitarias. El director de la CAR ha destacado que este esfuerzo se sustenta en el uso de tecnología de punta e innovación científica.
El propósito último no es solo recolectar datos, sino contar con evidencia sólida y verificable que permita a la autoridad ambiental actuar como garante efectivo de la calidad del agua.
«Cuidar el agua también es cuidar la vida», señala la corporación, subrayando que la prevención de estos riesgos es vital para la estabilidad de los ecosistemas acuáticos y la seguridad sanitaria de la población a largo plazo.
Este monitoreo pionero en el río Sumapaz no solo busca resolver una problemática local, sino que pretende servir de modelo piloto y referencia técnica para otros municipios y regiones del país que enfrentan desafíos similares de contaminación hídrica y salud pública.
Con el respaldo metodológico de la OMS y el compromiso técnico de la CAR, Fusagasugá se sitúa a la vanguardia de la vigilancia ambiental en el siglo XXI.
La protección de los recursos naturales en el departamento de Boyacá ha sumado un nuevo capítulo jurídico y técnico. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), actuando bajo su misión de autoridad ambiental, materializó una suspensión de actividades en un predio ubicado en el municipio de Ráquira.
La decisión se tomó luego de que se detectara una construcción que incumplía las normas mínimas de retiro frente a cuerpos de agua, específicamente en la quebrada Ánimas, una fuente vital para el ecosistema local.
El operativo fue liderado por la Dirección Regional Chiquinquirá, cuyos profesionales realizaron una inspección técnica motivada por alertas de la comunidad. Durante la visita, se pudo constatar que la edificación se encontraba a una distancia de apenas 10 metros del cauce.
Esta situación contraviene la regulación ambiental vigente, la cual estipula que debe respetarse una franja de protección de al menos 30 metros alrededor de las fuentes hídricas para salvaguardar el ciclo del agua y la biodiversidad asociada.
Según el director regional, Yiber González, la obra no contaba con ningún tipo de autorización por parte de la autoridad ambiental, lo que obligó a una intervención inmediata.
Medida preventiva y un compromiso firme con la ley
«La CAR reitera su compromiso con la defensa del agua y el bienestar de las comunidades», afirmó González al explicar que la resolución ordena el cese total de cualquier actividad de construcción, adecuación o movimiento de tierras en el área protegida.
La medida tiene un carácter preventivo, diseñado para evitar que la afectación ambiental continúe mientras se desarrollan las etapas administrativas del caso.
La institución recordó a los ciudadanos que las rondas hídricas son zonas de especial importancia ecológica y que las prohibiciones de construcción en ellas no son discrecionales, sino fundamentales para prevenir riesgos de inundación y contaminación.
Esta actuación no es un hecho aislado. La Dirección Regional de Chiquinquirá reportó que, a lo largo del año 2025, ha impuesto y ejecutado cinco medidas preventivas adicionales.
Estas acciones son el resultado de un modelo de gestión que prioriza la atención a denuncias ciudadanas y el control riguroso del territorio.
La corporación ha sido enfática en que el cumplimiento de la ley ambiental es un requisito indispensable para el desarrollo urbano sostenible en los municipios de su jurisdicción.
¿Qué sigue? Un proceso sancionatorio en marcha
El futuro del predio en Ráquira ahora depende de un proceso técnico y jurídico más profundo. La CAR anunció que el caso seguirá los lineamientos de la Ley 1333 de 2009, el régimen sancionatorio ambiental de Colombia, para determinar las responsabilidades de fondo y las posibles sanciones económicas o de demolición que correspondan.
Mientras tanto, el equipo técnico mantendrá un seguimiento constante para asegurar que la suspensión se mantenga y que no se realicen nuevas intervenciones que pongan en peligro la quebrada Ánimas.
Con estas acciones, la autoridad ambiental busca sentar un precedente sobre la importancia de respetar los límites de la naturaleza frente al avance de la infraestructura humana.
